La implementación del sistema de riesgos del trabajo, veinte años atrás, significó no sólo una de las respuestas institucionales más trascendentes en materia laboral sino que introdujo un cambio sustantivo en el orden jurídico de nuestro país. Se dejó atrás un esquema sustentado en la responsabilidad individual para la reparación de un accidente o una enfermedad derivada del trabajo a un subsistema de la seguridad social.

Es decir, un esquema integral a través del cual, y de forma solidaria, se redistribuyen entre los empleadores los costos asociados a los procesos de reparación y compensación de los riesgos del trabajo.

Se evolucionó de un régimen reactivo, basado en el resarcimiento, a una política laboral sostenida en la prevención del riesgo que cuidara la salud y la vida de los trabajadores. Antes, en ausencia de este sistema, dicha reparación sólo podía obtenerse a través de una acción judicial, que era inevitablemente larga, costosa, y de resultados inciertos tanto para el trabajador como para su empleador. No era una excepción escuchar la quiebra de una pequeña empresa por el accidente de uno de sus empleados, dejando en la calle no sólo al trabajador accidentado sino, también, a todos sus compañeros.

La Ley sobre Riesgos del Trabajo vino a poner coto a esta situación pues generó los mecanismos adecuados y oportunos para la protección de las víctimas de las contingencias laborales y añadió la previsibilidad indispensable para el buen desarrollo del empleador.

Aquellas demandas sociales largamente insatisfechas en el mundo del trabajo comenzaron a tener con la creación del sistema una respuesta, paulatina, pero eficaz. ¿Por qué, entonces, el sistema está en crisis?

Dos décadas después nos encontramos ante una situación que adivina dificultades de magnitud.

El sistema funciona bien en la prevención, en la cobertura y en las prestaciones, sean éstas preventivas o de reparación. Han mejorado, a lo largo de estos veinte años, las compensatorias, es decir las dinerarias, de los siniestros laborales. Hay menos accidentes y muchas menos muertes en los puestos de trabajo. Sin embargo, hay cada vez más juicios laborales.

En la actualidad existe un stock de 300.000 causas abiertas que, traducido en dinero, significan una deuda contingente de alrededor de US$5.000 millones y que llena de sombras el futuro del sistema.

Sólo en 2015 se registraron 102.687 actuaciones judiciales. El 60% de esos litigios, concentrados en la Ciudad Autónoma (44%) y en la provincia de Buenos Aires (16%). Le siguen en orden de importancia: Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Las demandas por una contingencia, en un 70% del total, llegan antes a los juzgados laborales que a las Comisiones Médicas, que son las mediadoras establecidas por ley de las diferencias que pudiesen surgir entre las aseguradoras y los trabajadores, en relación con las prestaciones estipuladas, indemnizaciones previstas y tratamientos pactados por ley.

Así, el componente del costo judicial empieza a tener su mayor impacto en la conformación de la alícuota que debe pagar el empleador para tener asegurados a sus empleados. Los últimos datos indican que el costo promedio de la cobertura por accidentes y enfermedades vinculadas al ámbito laboral alcanza al 3,4% promedio de la masa salarial, pero en algunas actividades, regiones o empresas esa tarifa puede quintuplicarse. El alza en el costo laboral genera incertidumbre en el sector productivo con el consiguiente impacto negativo sobre las decisiones de inversión y de creación de empleo.

El Gobierno, desde el primer día, estableció claramente que su desafío principal estaba en la creación de trabajo, entendiendo que es el trabajo el que permite vislumbrar un horizonte de esperanza hacia el futuro. Para un país que está estancado en la generación de empleo hace más de cuatro años, la tarea es urgente. No se pueden demorar acciones que generen oportunidades para el crecimiento e incentivos para dar un salto de calidad en los trabajos que se van creando.

Por esta razón, es importante desalentar la creciente litigiosidad y focalizar el sistema a los fines para lo que fue creado: una política laboral y de seguridad social apuntalada en la prevención del riesgo que protegiera la salud y la vida de los trabajadores.

La alta litigiosidad del sistema afecta al más débil, al trabajador, que es tomado de rehén, ya que la industria del juicio lo que hace es derivar una importante masa de los aportes que la sociedad realiza solidariamente, para el beneficio de quienes no tienen interés en mejorar la vida de los trabajadores.

Pero no alcanza con medidas de coyuntura sino que entendemos que el problema es estructural, si lo que buscamos es contar con un sistema de riesgos de trabajo para los próximos veinte años.

Son tres las líneas que creemos debemos transitar: La consolidación de un sistema federal que avance en la igualación de derechos de los trabajadores que, como el caso de muchos empleados provinciales y municipales, hoy no se hallan protegidos por la cobertura del sistema. Buscamos un mecanismo de integración nacional que promueva la igualdad en la calidad prestacional para todos los trabajadores, jerarquizando el empleo público de calidad en todos sus niveles.

La ratificación de la pertenencia del Sistema de Riesgos del Trabajo al régimen de la seguridad social, de indiscutible contenido federal, para resolver las actuales circunstancias y factores negativos de la litigiosidad que limitan la optimización de la competitividad laboral, el crecimiento sostenido con empleo digno y de calidad y los costos laborales previsibles y razonables.

Mejorar la resolución institucional por medio de las vías administrativas. Tenemos que mejorar la respuesta, hacerla más oportuna, de mayor calidad y eficiencia para que el ciudadano vea que el sistema de riesgos del trabajo da una respuesta genuina a sus demandas y no se vea obligado a ser rehén de una industria del juicio que conspira no sólo contra su persona, sino que conspira con la viabilidad misma del sistema que los ampara si sufren un infortunio.

Es una obviedad pero es necesario remarcarlo: estamos a favor del derecho de los trabajadores a la reparación por un accidente o enfermedad laboral. Y por supuesto que tiene que ser oportuna, adecuada y acorde al siniestro sufrido.

Estamos en contra de los cultores del litigio por el litigio mismo que se aprovechan del infortunio de un trabajador para apropiarse ilegítimamente del producto del trabajo argentino.

Nosotros creemos que apostar por un sistema de riesgos de trabajo para los próximos veinte años hace al tema del empleo de calidad, con una promesa de mejores condiciones y ambientes laborales a futuro y con costos laborales que no limiten la capacidad de nuestro país de producir e integrarnos al mundo desde un lugar donde nuestras acciones sean confiables para todos los que quieran recibir nuestro trabajo o vean la oportunidad que significa el invertir en la creación de empleo en nuestra Argentina.

Fuente: Clarin.com