Autora: Natalia Foletti

Uno de los problemas que atraviesan las pymes es el incremento de los juicios laborales, con numerosas consecuencias negativas, como pérdidas en competitividad y ausentismos, entre las más notorias. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la cámara que nuclea a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, se estima que para el 2016 los juicios se incrementarán en un 16% respecto del año anterior, lo que significa que se generan 11.000 demandas de trabajadores nuevas por mes.

“Este dato sigue siendo alarmante para la continuidad del sistema porque, además de afectarlo financieramente, ataca su esencia, que es la calidad del servicio, tanto en lo inherente a lo preventivo como a las prestaciones en especie y dinerarias a los trabajadores accidentados”, advierte Guillermo Davi, gerente de Prevención de Riesgos del Trabajo de Sancor Seguros.

Además, Davo agrega que la judicialidad es una amenaza para el desarrollo, la competitividad, la productividad y hasta la continuidad de las empresas. Los costos laborales se disparan por la suba del precio de la cobertura y la necesidad de reemplazar puestos caídos. “Lo peor es que genera un efecto contagio entre los empleados a reclamar sin justificación alguna, basados en el falso asesoramiento de que un juicio a una ART no afecta a la empresa en la que trabajan. Es común ver pericias judiciales que fijan valores de incapacidad muy por encima de los establecidos por la ley y sin considerar la relación de una patología denunciada con los agentes de riesgos a los que pueda estar expuesto un trabajador en su establecimiento laboral”, comenta Davi.

Advertidos de esta situación, el 10 de junio, más de 330 empresarios pymes y la Mesa de Industriales Bonaerenses (MIB) manifestaron su preocupación ante la Cámara de Diputados de Nación, solicitando su tratamiento legislativo para brindar auxilio a las empresas perjudicadas. La coordinación estuvo a cargo de Daniel Rosato, presidente del Parque Industrial de Berazategui.

“Fuimos para ponerle un freno a esta industria del juicio. Por un lado, a las ART que ponen una alícuota superior al 20%, y por el otro, el ausentismo laboral producto de la cantidad de tiempo que pasa un trabajador dentro de las clínicas. No es culpa de la gente, pero sí de los abogados que invitan a hacerle juicios a la ART. Tenemos muchos casos de trabajadores que quieren trabajar pero no les dan el alta clínico. Además, las pymes siempre pierden estos juicios, y se convierte en un gran abuso. Siempre termina en un arreglo extra judicial, y aunque lo gane, le termina saliendo más caro. Después tienen que reducir personal para pagar, lo que repercute en no generar más empleo”, dice Rosato.

Un costo muy alto

Alejandra Alegría, especialista en Asesoría Jurídica para empresas y directora del departamento Comercial de Asesor de Empresas, del estudio jurídico Minghini y Alegría, comenta que es común ver que los fallos salgan a favor del trabajador. “Como los trabajadores no tienen ningún costo para iniciar una demanda laboral, el abogado es gratuito y no tienen ninguna pérdida en hacerlo, se vuelve muy fácil que lo inicien”, dice la abogada y agrega: “Tenemos casos en los que se probó que el trabajador ni siquiera había prestado servicios en la empresa, o que había trabajado dos meses y pedía $ 200.000. Para evitar este tipo de perjuicios, las empresas tienen que tener un seguimiento de cada empleado, así se puede defender más. Los importes que se reclaman son muy altos, están habilitados por la Ley, pero para una pyme significa un valor muy grande y, si tiene dos reclamos de este estilo, tienen que cerrar porque no lo pueden pagar”, añade Alegría.

Asimismo, Sergio Nunes, especialista en Derecho Laboral, del estudio Nunes y Asociados, explica: “En los últimos años, se propició el inicio de juicios, debido al cambio generalizado de la interpretación de la prueba, por parte de los jueces que son menos exigentes con respecto a lo que hay que acreditar para lograr la condena a la empresa. Especialmente, en materia de horas extra y defectos de registración, cuestiones que, además, llevan severas multas contra las empresas”.

Otro dato importante que señala el especialista es cuando el trabajador consigue otro trabajo, en general deja sin efecto la habitual renuncia al empleo anterior. “Por eso, eligen la intimación, ya sea real o ficticia, de defectos de registración para iniciar el juicio pertinente por trabajo en negro con reclamos que exceden lo que realmente les corresponde”.

Por su parte, Norberto Lovero del Estudio Lovero, que se dedica al asesoramiento impositivo de empresas contó que con la reforma operada en la ley de riesgos del trabajo en el año 2012 mejoraron las condiciones para las empresas, y en especial para las pymes, ya que se eliminó la doble vía (posibilidad de llevar el reclamo al fuero civil) que hizo que muchas pyme tuvieran que contratar seguros con cobertura de esta responsabilidad civil, encareciendo los costos.

Además, se elevaron las indemnizaciones establecidas por la ley, y se avanzó en mejoras en cuanto a la prevención.

“Actualmente, se volvió a generar un espiral litigioso, y parte del problema es causado por las distintas interpretaciones jurisprudenciales respecto a varios tópicos, como la consideración de los índices de actualización de los pagos o la forma de determinación de los porcentajes de incapacidad. La realidad es que la litigiosidad en materia de ART va a contramano de las mejoras evidenciadas en cuanto a la reducción de accidentes en términos reales y la disminución de muertes por accidentes de trabajo. Ya que, si bien, estos índices han mostrado mejoras sustanciales en los últimos tiempos, en materia de prevención, haciendo hincapié en los relevamientos e inspecciones de higiene y seguridad, incorporando nuevas enfermedades a la cobertura del sistema, entre otras medidas, los juicios por estos temas siguen en franco crecimiento”, dice Lovero.

Fuente: Cronista.com