Crear en forma genuina y sustentable multiplicidad y diversidad de oportunidades de trabajo son objetivos centrales del actual gobierno, después de más de cinco años de estanflación, en una sociedad donde no existen más desamparados, ya que quién no tiene empleo público o privado, está subsidiado. Todos los que no cuentan con empleo tienen un subsidio o la posibilidad de acceder a uno de ellos. No existen dudas de que tenemos 15.000.000 de pobres, pero todos ellos tienen ingresos, insuficientes por cierto, pero acceden de una forma u otra al reparto de los ingresos.
Los sindicatos han retrocedido en su representatividad, a pesar de que detentan un poder real, restringidos a los ocupados registrados dentro de sus respectivas actividades. No representan a los jubilados, a los ocupados no registrados, tampoco representan a los desocupados ni a los subocupados, de modo que, teniendo en cuenta a todos estos grupos, solo un tercio tienen vínculos con los gremios. Irónicamente, la CGT ha defendido junto a la oposición, a los trabajadores de más altos ingresos a través de su denodada defensa de la reforma de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
El proceso vivido con la CGT, en este último caso, se parece mucho a lo que ocurrió con la Corte Suprema en el caso Vizzoti, Carlos A. c/AMSA S.A. s/despido (14-9-2004) donde el más Alto Tribunal de la Nación creó una indemnización por despido que solo beneficia a los trabajadores y ejecutivos con los salarios más altos, que no son justamente los sujetos amparado por el derecho laboral, que debe proteger el trabajo en todas sus formas, tratando de salvaguardar los derechos de los más débiles, que no son justamente los que dirigen la empresas.
Los pensionados y jubilados sobre todo los de ingresos mínimos, los desocupados y subocupados subsidiados, los trabajadores no registrados o en negro, los indigentes y las agrupaciones sociales beneficiadas por los subsidios, en general los marginados y los excluidos, conforman un nuevo factor de poder, integradas por ONGs, fundaciones, asociaciones, entidades, y que conforman la Corporación Social. Este espectro de representaciones propician y presionan por la mejora de los subsidios, y son el prototipo de la cultura anti-laboral.
En síntesis, el Gobierno nacional, además de otros claros desafíos, es imprescindible que fomente la creación de empleo, que tiene tres objetivos claros, a saber:
1. La creación de nuevos empleos genuinos y de buena calidad, que permitan reducir los niveles de desocupación, incluyendo a los nuevos trabajadores que se incorporan al mercado (crecimiento vegetativo), lo que demanda un mínimo de 1.200.000 nuevos empleos;
2. La transferencia, a través de diversos puentes de los agentes estatales que deberán abandonar el Estado Nacional (no menos de 500.000), para reducir o disminuir el gasto público, y a la vez, que se puedan incorporar a la actividad privada;
3. La transferencia de los desocupados subocupados y excluidos del mercado, (no menos de 500.000) a través de puentes de capacitación y desarrollo de oficios y de incentivos para su contratación, que fomenten la cultura del trabajo, y la extracción de los grupos marginados para que se incorporen al mercado.
Todo lo que pueda lograrse, para ser auténtico y sustentable, solo podrá desarrollarse con inversiones genuinas, que ya están generando las primeras manifestaciones, sobre todo en actividades de mano de obra intensiva. La sistematización e informatización de muchas actividades, los viajes y el turismo y sus servicios complementarios, el transporte la logística el delivery de productos y de servicios, los servicios personalizados en general, son algunos de los ejemplos más relevantes.
Cabe destacar que las leyes de promoción del empleo no son idóneas para crear nuevas alternativas de empleo, sino se desarrollan dentro del contexto de una oleada de crecimiento del empleo. A tal fin es esencial una reforma integral de los denominados impuestos al trabajo donde existen aportes y contribuciones que generan un costo laboral no competitivo, con recursos que se dispersan en la política, para cubrir déficits, y con fines que no son los más sensatos en una economía de sinceramiento, como la que propone el Gobierno Nacional.
Los desafíos son fundamentales, los hechos demostrarán si estos objetivos más que loables resultan posibles, y sostenibles en el tiempo.
Fuente: Cronista.com