Hoy la Oficina Anticorrupción lanza el borrador de una nueva ley de Ética Pública. También busca abrir la discusión sobre el control sobre legisladores y jueces.
La Oficina Anticorrupción lanza desde hoy una consulta para impulsar una nueva Ley de Ética Pública. En plena puja con Hugo Moyano y el sector sindical que responde al camionero, el borrador de la iniciativa incluye disposiciones concretas para obligar a que los gremialistas y autoridades de obras sociales presenten sus declaraciones juradas.
El proyecto que redactó la titular de la OA, Laura Alonso, junto con diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quedará abierto al debate desde hoy, y por al menos un mes, en los portales de “Consulta Pública”, “Justicia 2020” y de la Oficina Anticorrupción. Allí, los ciudadanos podrán hacer recomendaciones y críticas al proyecto. Así, el organismo quiere mostrarle al Congreso que una nueva Ley de Ética Pública cuenta con apoyo de la sociedad.
Pero otro de los objetivos es apuntar a actores públicos que no están alcanzados por el código de ética, tales como los sindicalistas. Es por eso que el borrador de la ley de la OA incluye una “disposición complementaria” que establece “la obligación de presentar la declaración jurada patrimonial de intereses a los miembros de los órganos directivos y de administración de las asociaciones sindicales”(modifica el artículo 18 de la ley 23.551 de asociaciones sindicales).
Ese no es el único dardo contra el sector gremial. También incluirá otra disposición “a fin de que los administradores de obras sociales presenten en los términos de la Ley una declaración jurada patrimonial y de intereses, como requisito de permanencia en el cargo”. Así, el oficialismo redobla la ofensiva que lanzó el presidente Mauricio Macri cuando presentó los “consensos básicos” de la segunda etapa de su mandato y exigió a los gremios “obras sociales bien administradas”.
El Gobierno apela al poder normativo para dejar en evidencia al sindicalismo opositor, que dentro de una semana movilizará una protesta contra la Casa Rosada, con Moyano a la cabeza. En medio de denuncias judiciales que se acumulan contra el líder de Camioneros, el oficialismo apunta a mostrar la falta de control sobre los jefes gremiales, y así dañar su legitimidad.
Por otra parte, el borrador también ejercerá presión sobre otros poderes del Estado. Macri quiere ampliar su purga contra familiares de funcionarios públicos a los ámbitos del Congreso y la Justicia. Por eso el borrador “incluye un capítulo sobre nepotismo, el cual refleja y extiende a los otros poderes las limitaciones recientemente aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional”.
El proyecto también avanza sobre el Congreso, en particular sobre los conflictos de intereses de los legisladores. La OA recomienda que diputados y senadores “deberán comunicar ante la Cámara que corresponda sus intereses particulares que tengan vinculación con las cuestiones que deban ser tratadas en el recinto”. Además, aconseja la creación de una autoridad de aplicación de la Ley de Ética para el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que aún no tienen ningún ente con esa responsabilidad.
Con el objetivo de instalar la discusión en la opinión pública, la OA promoverá foros provinciales para discutir el flamante borrador. La estrategia de Alonso es que con estas discusiones en el interior, la ciudadanía reclame normas similares a los gobernadores. A su vez, que el tema se encienda en la opinión pública para que también el Poder Legislativo y Judicial creen sus propios órganos de aplicación que vigilen el cumplimiento de las normas éticas.
Además, el borrador de la iniciativa propone otorgarle a la OA autonomía funcional y autarquía financiera.